Diputado de Morena presenta denuncia contra Xóchitl Gálvez ante la FGR por lavado de dinero.

Manuel Alejandro Robles, diputado federal de Morena, ha anuciado que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la aspirante a candidata a la Presidencia de Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además, se hicieron extensiva a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se investigue a la senadora, ya que, según Robles, desde el 2002 la declaración patrimonial de Gálvez oculta datos de las empresas particulares en su propiedad y sus ingresos.

“Pretende victimizarse con la información que ha salido a la luz pública […] El caso de la senadora es emblemático de la corrupción política;

“Estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa. Pudimos tener el antecedente de su declaración patrimonial del 2002 en la cual precisamente reconoce no más de 600 mil pesos entre tres cuentas bancarias. En todas es omisa de que es accionista o propietaria como ha reconocido ser de High Tec y la empresa de edificios inteligentes”, expresó Manuel Alejandro Robles.

Por lo que, en conferencia de prensa dijo que hay sospecha de que los contratos sean a cambio de favores.

“Estamos hablando de un entramado de lavado de dinero, y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de República, que investigue si es una exitosa emprendedora o una política corrupta”, aseguró el diputado morenista.

MAFIA INMOBILIARIA

El diputado también acusó a Gálvez de pertenecer a la “mafia inmobiliaria” de la Ciudad de México; así como de obtener contratos con empresas particulares a través de licencias de construcción cuando fue delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Esto cuando, Xóchitl Gálvez ha sido señalada de obtener millones de pesos con sus empresas durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) en contratos con dependencias de Gobierno., Aunque Gálvez Ruiz ha negado que los contratos sean ilegales.