Tren Parlamentario

“Que sólo se disponga de lo decomisado cuando un juez haya sentenciado, y no antes”
VICENTE BELLO
Conforme avanzaban las reservas, el Pleno de la Cámara de Diputados se topaba, una y otra vez, con el decir opositor de que la extinción de dominio no sólo se irá contra la delincuencia sino también contra el ciudadano de a pie.
Decía entonces Norma Guel Saldívar, diputada federal del Pri, cuando pidió reformar los artículos 2, 7, 173 Y 228: “La aberrante iniciativa que se discute en estos momentos no se asemeja en nada a lo expuesto con anterioridad. Por el contrario, tan solo pretenden dotar de facultades discrecionales, una vez más, al Estado para que este pueda saciar la voracidad y sed de venganza que ya caracteriza a su tan afamada cuarta transformación.
“Es inconcebible cómo se atenta contra las garantías básicas de todo individuo, y de uno de los derechos más básicos de la persona, que es el derecho a la propiedad, inherente a la condición humana, la cual se lastima bajo este pretexto de un malentendido estado policial.
“No debemos permitir que el Estado esté por encima del individuo cuando su función es servir a este mismo. El aprobar esta ley sin sus adecuaciones y controles que garanticen el debido proceso, la garantía de audiencia, la certeza y seguridad jurídica que nos confiere la vida misma y reconocida por nuestra Carta Magna”.
La también diputada priísta Ana Ingram Vallines propuso reformas el 2, 11, 92 y transitorios 10 y 12: “La reserva que presento va encaminada a crear una Fiscalía Especializada, la cual desarrollaría la fase inicial de la acción de extinción de dominio con la información que recabe y sustente el ministerio público.
“Para tal efecto, este honorable Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar la reforma correspondiente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para incorporar la Fiscalía Especializada, y asimismo, los Congresos locales contarán con 180 días para incorporar en su legislación reglamentaria lo conducente”.
Ahí venía ahora el diputado federal del Pan Jorge Luis Preciado Rodríguez a presentar una propuesta de modificación de los artículos 2o, fracción X; 227 y 237. Y decía: “En primer lugar, felicitar a quienes iniciaron esta ley, la verdad es que sí tenemos un atraso importante y creo que en lo general lo puede resolver.
“Voy a dar un solo ejemplo. El Salvador en seis años, con una nueva Ley de Extinción de Dominio, logró hacerse de 100 millones de dólares para el Estado. En el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, México a través de le extinción de dominio solo logró 20 millones de dólares. Es decir, El Salvador, siendo mucho más pequeño que nuestro país logró cinco veces más que lo que logró el gobierno federal. Por lo tanto, creo que es una buena ley.
“(Y) si es una buena ley, creo que debemos de cuidarla y sin entrar el detalle voy a plantearlo de una manera muy sencilla. Hay bienes que le salen muy costoso al Estado mantenerlos, hay bienes perecederos como puede ser fruta, huertos de aguacate.
Hay bienes que se van a echar a perder por falta de uso; helicópteros, aviones. Entonces la ley está previendo que el Estado los pueda vender de manera anticipada.
“¿Qué significa esto? Que los pueda vender antes de que haya una sentencia definitiva sobre la persona que es acusada, lo cual está bien porque le saldría muy caro al Estado mantenerlo, o simple y sencillamente cuando acabe el juicio esos bienes van a estar absolutamente inservibles.
“¿Qué es lo que yo estoy planteando en la modificación? Que ese dinero no se mande al fondo de reserva, sino hasta que haya una sentencia ejecutoriada. Esto significa que cuando ya no haya otra instancia y un juez o un tribunal colegiado determine que esa persona es penalmente responsable, entonces ese dinero producto de la venta anticipada se vaya al fondo de reserva, no antes, porque de lo contrario, si se va antes y se lo gastan y al final un tribunal determina que la persona es inocente, no va a tener ni sus bienes ni va a tener el dinero que debió habérsele guardado hasta que hubiera la sentencia definitiva.
“Es algo de lógica jurídica y de sentido común. Mientras no me dicten una sentencia definitiva permite que el dinero producto de esos bienes se vaya a otra cuenta y lo guardan, y una vez que ya no tenga otra instancia, entonces pueden pasar dos cosas: o me devuelven mi dinero producto de la venta, o el Estado se queda con él en el fondo de reserva para la prevención social del delito.
“Entonces creo que vale la pena modificar esos tres artículos, simple y sencillamente para que ese dinero siga existiendo hasta que haya una sentencia definitiva.
El Pan de regreso, ahora en voz de Luis Mendoza Acevedo: “Lo único que queremos es que en el cuerpo de la ley se considere que los recursos que se dispongan con el proceso de extinción de dominio se incluyan en el presupuesto que desde aquí se aprueba, y que el uso de los mismos sea sujeto a las reglas de operación y a los presupuestos de las entidades federativas. Creo que es algo natural y sentido común.
“De no aprobarse esta iniciativa podríamos pensar que al nuevo gobierno no le alcanza y por eso quiere echar mano de estos nuevos instrumentos, para disponer de más y de nuevos recursos”.
Resultado final de las reservas era el voto en contra de la nueva mayoría.