El decálogo de la incapacidad

Por: Francisco Álvarez Sanen

Los días álgidos después de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, han sido una avalancha de escenarios acerca de la realidad del país y los posibles desenlaces de lo que parece ser, la tormenta perfecta que obligue a sociedad, clase política y gobierno a revisar desde sus raíces el sistema imperante que da muestras de estar al borde del colapso. Después de más de 60 días de los acontecimientos, hemos conocido la faceta de un gobierno torpe y totalmente incapaz de brindar justicia y esclarecer los hechos; también, la incapacidad para afrontar una crisis que inevitablemente pone en duda la capacidad de Peña Nieto para seguir llevando las riendas del país. La actuación de la PGR ha sido lastimosa y pone en evidencia la podredumbre institucional y la incapacidad de impartir justicia por parte del gobierno mexicano; sin duda, la explicación de la gran pira humana que se redujo a cenizas durante 12 horas, aparte de resultar inverosímil, es un claro reflejo de irresponsabilidad que impera en los más altos niveles de cúpula gobernante.

El famoso #YameCansé que popularizó Murillo Karam debido a un desafortunado desliz, ahondó la sensación en todos los mexicanos, de que la clase política que ha gobernado desde hace muchos años en México, simple y sencillamente no ha podido, ni podrá corregir el rumbo, ya que los intereses y los compromisos que el dinero y el poder conllevan, son más fuertes que cualquier compromiso a favor de la gran mayoría de los mexicanos.
El decálogo de Peña Nieto es un claro ejemplo de lo que expreso en el párrafo anterior. El presidente tenía la oportunidad de recuperar terreno, anunciando medidas radicales que sin duda son impostergables ante la gravedad de la situación; pero, una vez más, volvió a anunciar meros paliativos, que ya han sido aplicados en años pasados en México, y que en todo momento han demostrado su ineficacia, debido a que en el país lo que se necesita es un cambio profundo, de raíz, que abarque a todas las instituciones, y que involucre e incluya a una nueva generación de ciudadanos y políticos con una visión distinta de gobernar, que haga un esfuerzo loable por rechazar y desdeñar las marrullerías de la política mexicana, que hoy pasa la cuenta, y con números difíciles de pagar. La ocurrencia de anunciar inyección de recursos para el sur, y ahora sí, voltear a ver el rezago de décadas con respecto a los estados del norte del país, da la sensación de ser un cumplido que solo busca aplacar al México bronco que desde hace años está presente en los estados del sur. Anunciar una mayor cantidad de recursos para los tres estados más rezagados –Chiapas, Guerrero y Oaxaca- no genera ni confianza, ni mucho menos esperanza para los que menos tienen: tenemos el caso de nuestro Estado, que de unos años a la fecha ha visto incrementados sus recursos en más de 900 por ciento, pero que continúa en el rezago total, a pesar de campañas publicitarias que buscan borrar la imagen del verdadero Chiapas y que como habitantes de nuestro Estado conocemos a flor de piel. No tienen ningún caso destinar recursos de la federación, cuando sabemos que cerca de 20 y hasta 30 por ciento se van por el caño de la corrupción. Se ha institucionalizado el “moche” y el saqueo, y está de más decir, que ya hay uno que otro sobándose las manos por su próxima rebanada del pastel presupuestal.
Muy independiente del derroche en puerta, hay signos de un intento por imponer el autoritarismo y centralismo por parte de un desesperado ejecutivo; ya se venía viendo con los discursos valentones y provocadores por parte de personajes de las altas esferas y militares de alto rango, pero lo que viene a confirmar sospechas, es la clara intención de culpar a los gobiernos municipales de la tragedia nacional que estamos viviendo; el anuncio de la federación de investigar a munícipes que tengan señas de estar involucrados con el crimen organizado o cualquier actividad delictiva; algo que en sus primeras lecturas se puede considerar urgente y plausible, es sumamente engañoso y por lo tanto, preocupante, cuando sabemos que la impartición de justicia dentro de los juegos del poder muy pocas veces es ciega e imparcial, y ante la cercanía del año electoral, no descartemos una oleada de chivos expiatorios con cargos municipales en todo el país, y muy seguramente de todos los colores, menos del partido en el poder. Si no, pregúntenle al de Cocula, Guerrero, que a pesar de que la tesis oficialista indica que la gran hoguera humana fue en el basurero de este municipio, y la infinidad de testimonios que involucran a la policía municipal en la participación de los hechos, hoy el señor despacha tranquilamente después de ser detenido por 48 horas el 14 de octubre. Está de más decir que el señor proviene de cierto partido tricolor.
Por último, quiero compartir que el plazo constitucional para que Peña Nieto renuncie y se convoque a elecciones ha vencido; en caso de que lo hiciera en las fechas venideras, el congreso designaría a un interino que concluya el sexenio, pero ante la evidente complicidad de poderes en nuestro país, y el dominio pleno del legislativo por personajes tan cuestionados y con tufo de corrupción como Beltrones y Gamboa Patrón, a ver si no sale más caro el remedio que la enfermedad; todo depende, de la organización y movilizaciones sociales que cada vez son más grandes e incluyentes, y que conforme pasan los días, evidencian la cerrazón de los que ostentan el poder en México, al expresar que la movilización e indignación ciudadana, no son más que intentos desestabilizadores de un proyecto de nación, que nunca ha tenido pies ni cabeza, y que a todos luces se reduce a un vulgar negocio.

Duda razonable

Por una nueva defensoría pública

Carlos Puig
Puede ser que el mejor resultado a futuro de la crisis que vive el gobierno tenga que ver con la encomienda que el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho al CIDE y en particular a su director, Sergio López Ayllón, de organizar una serie de foros que den como fruto una serie de propuestas concretas para mejorar el acceso a la justicia cotidiana de los ciudadanos.
De ahí surgió una de las ideas que, espero, se discuta en los foros y resulte en una propuesta concreta: la creación de una verdadera defensoría pública.
La doctora Ana Laura Magaloni lo explica así: “A mí me impresiona que este no haya sido el tema más sexy en términos políticos, es casi como hacer política social y no nos hemos dado cuenta. Es inmensa la población que requiere servicios legales para defender su patrimonio, para defenderse frente a la arbitrariedad de la policía, para defenderse frente a una escuela que no le da los servicios que requiere, frente a un hospital que no le responde, frente al vecino corrupto que le pone el coche. Es decir, toda esta conflictividad social que está ahí.
“En México, a diferencia de lo que sucede en cualquier otra parte del mundo, no hay forma de resolver estos conflictos vía abogados, vía tribunales, porque nadie tiene el dinero para contratar alguno. En el pasado resolvíamos esas controversias fuera del sistema de justicia, era una negociación política donde te daban premios y castigos y donde todos más o menos se beneficiaban o había un equilibrio de gestión de la conflictividad exitoso. Cuando se democratiza el país no podemos pasar ese mecanismo político a un sistema jurisdiccional. Entonces, lo que tenemos es que unos cuantos, muy pocos, se benefician de una justicia de élite, superbien pagada, en todo un dineral que es la justicia federal. El resto de la población cuando bien le va puede tocar las puertas de un tribunal local, que son malos, están colapsados, son corruptos, etcétera. Pero hay muchísima conflictividad que no entra ni siquiera a las puertas de un tribunal local”.
Magaloni, junto con Carlos Elizondo, propuso hace poco crear esta institución a partir del CNDH.
Podría ser.
Lo que nadie puede negar es que es una idea necesaria, no tan complicada, y que se mete en el centro de la problemática: la relación de los ciudadanos con la justicia. En donde hasta hoy, el ciudadano siempre pierde.