Tren Parlamentario

Cuando la justicia viaja, alegre, en el estribo del Contrapeso
VICENTE BELLO
En los territorios del Congreso de la Unión se ha comenzado a respirar una atmósfera donde la libertad vuela con una alegría como no lo había hecho prácticamente nunca. Diputados y senadores van en curso de recuperar –si es que alguna vez realmente lo tuvieron- el respeto de la población.
El Congreso mexicano tiene dos funciones esenciales: la legislativa y la de control político. La primera consiste en hacer leyes. La segunda, en servir de contrapeso al ejercicio del poder público.
Un debate histórico ha consistido en discutir cuál de las dos funciones es la más importante, la principal. La de la esencia del Poder Legislativo mexicano.
Quienes han dicho que, la función de hacer leyes, es la número Uno del Congreso de la Unión, a la vez afirman que la función del control político no lo es, realmente, porque el Congreso sólo estaría para revisar los asuntos administrativos del gobierno, pero no para cuestionarlos.
Quienes afirman que la función de control político –también conocida como función del contrapeso- es la primigenia, la esencial, la absolutamente más importante de las funciones del Congreso, sostienen que esta función es tan fundamental que, sin ella, los diputados y senadores sólo se convierten en remedos de representantes de la nación, y en algo así como convalidadores a ultranza, alcahuetes, peones, de quienes ejercen el peso, es decir el Ejecutivo Federal.
La función de control político consiste en hacer el contrapeso desde el Congreso al Ejecutivo federal, para que el poder se equilibre y no abusen quienes lo ejercen.
Durante las dos legislaturas que abarcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a punto está de concluir, la 62 y 63, mucha gente dentro y fuera del país criticó que éstas haya asumido una condición pasiva de la función del contrapeso, para terminar convertidos en meros payasos del Ejecutivo Federal, subordinados a los intereses del presidente de la República.
Mucha gente que el 1 de julio votó en contra de los entonces partidos predominantes PRI, PAN y PRD, tenía la clara convicción de que los diputados y senadores de estas dos legislaturas fueron convertidos en tapetes de Peña Nieto.
Nunca, muy señaladamente en estas dos legislaturas recientes, los diputados y senadores intentaron siquiera contener, frenar, los abusos terribles del presidente Enrique Peña Nieto, quien en prácticamente toda su gestión dio la impresión de que actuaba en contra de los mexicanos, y en favor de grupos empresariales nacionales y extranjeros mayúsculamente enriquecidos, así como en favor de los intereses económicos y políticos del enemigo histórico de México: los Estados Unidos de América.
Sin el Congreso mexicano, el presidente Peña Nieto no hubiera podido hacer nada de lo que hizo, como entregar el petróleo a compañías extranjeras, verbigracia, o construir todo un modelo de corrupción en torno de la obra pública.
La Cámara de Diputados de esta 64 Legislatura ha comenzado a revelar cifras escandalosas, como la de los 327 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación no encontró durante las auditorías que hace a la cuenta pública de 2017, en la construcción del controvertido nuevo aeropuerto de México, en el lago de Texcoco.
O, como aquellas cifras del pago de intereses de la deuda pública durante 2016, por casi 900 mil millones de pesos. Servicio de una deuda que creció de 1.2 billones de pesos en el año 2000 a 3.4 billones a fin del sexenio de Vicente Fox, misma que creció a 5.4 billones con Felipe Calderón Hinojosa. Y que creció exponencialmente tanto pronto regresó el PRI a la presidencia de la República en 2012, para estar ahora en los 10.4 billones a fines de 2018.
En cada accionar de estos gobiernos de Fox, Calderón y Peña, tanto el PRI como el PAN se erigieron en una suerte de yunta de bueyes, dedicada a roturar la vida del Congreso mexicano para que sólo sirviera de alcahuete de las presidencias de estos tres individuos, y evitando a toda costa que el Congreso echara mano de su función esencial de servir de contrapeso constitucional.
A partir del 1 de julio, los votos de 30 millones de mexicanos no sólo lograron cambios en la presidencia de la República; también dieron un impulso inédito al Congreso de la Unión, al lograr abatir históricamente a los tres partidos políticos que, durante muchos años, envilecieron al sistema de partidos y a las instituciones del Congreso.
Estos cambios que ahora airean al Congreso, han logrado una nueva mayoría, conformada por Morena, Pes y Pt, los tres partidos políticos que llevaron a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador.
A partir del 1 de septiembre, la nueva mayoría legislativa comenzó a presentar iniciativas de reformas que tienen como principal objetivo construir un nuevo régimen, una nueva realidad política, económica, social y cultural en el país que conlleve a disminuir la desigualdad y, sobre todo, nuevas formas de relacionarse política y socialmente.
Un ejemplo de estas nuevas leyes ha sido la primera que esta Legislatura aprobó en septiembre, cuando comenzaba el actual periodo ordinario. La misma que ayer fue remitida para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, por órdenes del presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
Se trata del decreto que ordena la desaparición de la partida presupuestal de 44 millones de pesos con la que se les entregaba pensión a los expresidentes mexicanos. Hay alegría en la gente, sin duda, cuando la justicia viaja en el estribo del Contrapeso.