El inaudito y nuevo robo a la nación del gobierno de Peña Nieto

¿Por qué Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de México, acaba de pedir prestados 10 mil millones de dólares –casi 200 mil millones de pesos, según la conversión peso-dólar actual- y para qué y cómo los va a ejercer?, son preguntas que escuecen en todo el país e insuflan un viento candente en los ánimos de la gente, que habían estado más o menos apaciguados por el resultado histórico de la reciente elección presidencial.

Se supo desde hace ocho días. Pero es hora de que el Congreso mexicano no hace nada absolutamente para lanzar sus propias preguntas al respecto. Calla el Poder Legislativo, como ha callado indefectiblemente cada que este gobierno pedía dinero prestado o toma decisiones provocadoras de gravísimos perjuicios contra la población mexicana.

Cuando Peña Nieto recibió la administración, el 1 de diciembre de 2012, Felipe Calderón Hinojosa había elevado la deuda pública a 5.4 billones de pesos, equivalente al 34 por ciento del Producto Interno Bruto.

A su vez, Calderón había recibido de Vicente Fox una deuda pública por 19 por ciento del PIB.

De 2012 a 2018, Enrique Peña Nieto ya tiene rebasado el 50 por ciento del PIB –más de los 10 billones de pesos-. Y ahora, acaba de informar que su gobierno ha pedido prestado otros 10 mil millones de dólares más.

Ha sido una dictadura disfrazada la que ha padecido México con este gobierno peñista. El Congreso sólo ha servido para simular un contrapeso constitucional.  Este endeudamiento atroz del gobierno de Enrique Peña es ejemplo de ello.

El PRI, PAN, PVEM y PRD se hicieron cómplices del gobierno durante todo el sexenio y jamás intentaron interponerse para que Peña a través de Luis Videgaray cuando éste era el secretario de Hacienda –y después José Antonio Meade- no pidiera prestado, sin antes pormenorizar en qué les ocuparía.

De oídas, la oposición sólo se enteraba de que mucho de ese dinero prestado iría para los sueldos de los funcionarios públicos de director general para arriba.  Y también para obras públicas que no se licitaban. Esta semana se supo que más del 80 por ciento de obra pública en este sexenio no ha pasado por el juego de la licitación, sino por la decisión directa.

Gente especializada en las finanzas de los centros de estudio de San Lázaro, sostenía en corto que esos 10 mil millones de dólares no tendrían un destino diferente al que tuvieron los más de 4.6 billones de pesos de deuda achacada al sexenio peñista: la mala administración y la corrupción por antonomasia.

Peña ha decretado un aumento salarial a la burocracia federal retroactivo a enero; también en puerta está el pago de un bono de marcha, llamado así a un monto pagado a burócratas por fin del sexenio.

También estos 10 mil millones estarían destinados para el pago de proveedores y contratistas del gobierno federal. Una gran parte de ese dinero estaría reservada para, precisamente, garantizar compromisos del gobierno de Peña Nieto con proveedores y contratistas de obras como la del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, en construcción a matacaballo sobre el suelo fangoso –e inundado de estos días- de ese sector de Texcoco.

Los 200 mil millones de pesos de marras equivalen a unos 2 puntos porcentuales del PIB. Estos, sumados a los otros 4.6 billones, casi representan Un año de presupuesto para todo el país. En 2018, verbigracia, el país obtuvo un presupuesto de egresos  de 5.3 billones de pesos.

El pago del servicio de esa deuda, es decir los intereses, estaría llegando a los 800 mil millones de pesos, si se considera que en el presupuesto de egresos del año fiscal de 2018 se destinaron poco más de 700 mil millones de pesos para el pago de la deuda pública.

Entre las obligaciones constitucionales que tiene el Congreso de la Unión, en estos momentos a propósito del incremento del endeudamiento público, figura la de llamar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público para que explicase  de manera urgente por qué pedir prestado una cantidad impresionante de dinero, cuando es evidente que el gobierno peñista ya se va al meritito basurero de la historia y no le alcanzarán los cinco meses restantes de su administración para ejercerlo.

Ni la Comisión Permanente ni la Cámara de Diputados a través de su Comisión de Hacienda y Crédito Público han hecho un llamado a Peña Nieto a la cordura y a que informase con prontitud sus motivos para el nuevo endeudamiento.

Al contrario, diputados y senadores se han estado haciendo los tiololos y han estado evadiendo un tema que es candente, que sin duda escuece el alma, si no de toda la población, cuando menos de los 30 millones y casi 50 mil mexicanas y mexicanos que votaron en  favor de Andrés Manuel López Obrador.

Una votación que también ha significado un golpe histórico de todo un pueblo  contra un régimen cínico y corrupto, que ya ni siquiera trata, con el menor pudor, de respetar las formas, y vive empecinado en robarse lo más que pueda del presupuesto nacional en esto que ya es la recta final del sexenio.

No informa Peña ni su hacendario sobre el nuevo endeudamiento; tampoco instituciones como el Congreso lo llaman a cuentas. El inaudito y nuevo robo a la nación del gobierno de Enrique Peña Nieto será un párrafo agregado a la historia terrible que este presidente todavía escribe en la historia de México. La esperanza es que el que viene algo haga.