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Justicia expedita

 Justicia expedita

El evento se realizó en el municipio de Paraíso.

Pone Arturo Núñez en marcha nuevo sistema penal acusatorio y oral; un cambio de gran calado.

El gobernador Arturo Núñez Jiménez puso en funcionamiento la Región cinco –que incluye a los municipios de Paraíso y Centla– del nuevo sistema penal acusatorio y oral, un modelo, enfatizó, que representa un cambio de gran calado para hacer más expedita la justicia, abatir rezagos y evitar que los procesos judiciales “se vuelvan eternos”.
Acompañado del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Jorge Javier Priego Solís, Núñez Jiménez afirmó que Tabasco avanza progresivamente en el propósito de dejar atrás un sistema penal de carácter inquisitorio, de levantamiento de actas y documental, para dar paso a uno de tipo oral en salas de juicio público y a la vista de todos los ciudadanos.
En el Centro de Justicia de Paraíso, donde inauguró una Sala de Juicio Oral, el jefe del Ejecutivo entregó la bandera mexicana a la juez Patricia Anastasio López y  reiteró que Tabasco cumplirá en tiempo y forma con la obligación constitucional de tener al año 2016 el nuevo sistema de justicia en plena vigencia en todo el territorio estatal.

Expuso que a la fecha suman seis municipios los que han incorporado a su ámbito territorial y de competencia el nuevo modelo, y señaló que en pos de facilitar la aplicación del sistema penal acusatorio y oral, Tabasco atraviesa una etapa de actualización de toda su normatividad de orden legal, a fin de que esté alineada a la legislación federal.
Actualización
Destacó la reciente aprobación de cinco de un conjunto de 10 iniciativas propuestas por el Ejecutivo, entre ellas, la Reforma Constitucional que crea la Fiscalía General del Estado, un organismo con autonomía plena que sustituye a la Procuraduría General de Justicia, y su Ley Orgánica; las nuevas leyes de Protección de los Actores Involucrados en el Procedimiento Penal, y del Instituto de la Defensoría Pública, además de adecuaciones a las leyes orgánicas de los poderes Ejecutivo y Judicial.
Arturo Núñez sostuvo que el sistema oral ofrece una nueva forma de garantizar la seguridad y la justicia, pero ante todo, impone orden, transparencia y certidumbre jurídica. “Estamos en una fase de transición que da claridad a todas las etapas del proceso judicial, además de garantías al impartidor de justicia para que su desempeño sea con plena imparcialidad”, asentó.
En el acto en el que develó la placa alusiva al inicio de la vigencia y aplicación del nuevo sistema penal acusatorio y oral, el mandatario atestiguó además la entrada en vigor –conforme a los tiempos y plazos proyectados en la entidad para la implementación de este modelo– del Código Nacional de Procedimientos Penales en la Región 5, lo que da cuenta, agregó, de un nuevo avance en esta materia.
Ante integrantes de colegios de abogados, servidores judiciales y defensores públicos, Arturo Núñez recalcó que esta transformación requiere de gran voluntad y disposición de todos los actores involucrados en el proceso –incluidos policías, ministerios públicos, jueces y magistrados– para hacer de manera diferente las cosas. “Es un reto cultural y de cambio de comportamientos que todos deben asumir”, recalcó.
El presidente del Poder Judicial, Jorge Javier Priego, enfatizó que los logros alcanzados en Tabasco son resultado del apoyo institucional y la voluntad política del jefe del Ejecutivo, y dijo que este organismo autónomo afronta con seriedad y compromiso el desafío de hacer que el nuevo paradigma procesal penal sea una realidad cada vez más palpable en Tabasco.
Priego Solís aseveró que esta transición significa la oportunidad de dar a los ciudadanos mayores garantías de calidad en la procuración e impartición de justicia, mediante un modelo más accesible, transparente, expedito y justo.
A pesar de las adversidades presupuestales, el Poder Judicial está decidido a librar los obstáculos que sean necesarios para reducir la brecha de injusticia heredada, cumplir su labor fundamental, recuperar la confianza de los ciudadanos y abonar a la construcción de una mejor sociedad, puntualizó.
Atestiguaron el evento Jorge Alberto Carrillo Jiménez, alcalde de Paraíso; Atilo Díaz Sosa, director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, y Daniel Barceló Rojas, profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y asesor del gobierno del Estado en materia jurídica.

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