Gobierno y delincuentes, responsables de crímenes atroces en México sin procesarse: Open Society

“La posibilidad de establecer responsabilidades ante la Corte Penal Internacional no deja de ser una opción, si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”, advirtió “Open Society” en informe “Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México”.

Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando, agrega Open Society, son lugares conocidos “por las atrocidades que allí ocurrieron” y son considerados “como las heridas más emblemáticas del país”; sin embargo, otras localidades como Ojinaga, Allende y Apatzingán “no han quedado exentas del dolor”.

En este sentido, el organismo auspiciado por el empresario y filántropo George Soros, urgió al gobierno mexicano a que “se proponga, por cuenta propia, procesar las causas independientemente de que los autores sean actores del gobierno o grupos delictivos…. De acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces”.

“Se han cumplido ya nueve años desde que el gobierno de México desplegó por primera vez a las fuerzas armadas federales para luchar contra el crimen organizado pero, no ha cesado el sufrimiento de la población civil”.

“Asesinatos, desapariciones y torturas perpetradas tanto por los cárteles como por las fuerzas federales (que supuestamente debían luchar contra estos) persisten en el presente. Desde diciembre de 2006 hasta el término del 2015, más de 150,000 personas fueron asesinadas intencionalmente en México. Miles de personas han desaparecido”, apuntan Open Society Justice Initiative, junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes han evaluado en los últimos tres años “la magnitud y naturaleza de esta crisis”.

Open Society ha concluido que existen fundamentos razonables para considerar que hay actores tanto estatales como no estatales que han cometido crímenes de lesa humanidad en México; tal estándar es el empleado por la Corte Penal Internacional para determinar si debe actuarse e iniciarse una investigación, en contra de un país con registro de crímenes atroces.

El organismo destacó que algunas organizaciones de México han enviado denuncias formales a la Fiscalía de la CPI, urgiéndola a que inicie una investigación en el país.

“A diferencia de estas peticiones, el objetivo de este informe no es que se inicie una intervención de la CPI en México, sino que los autores de estos crímenes atroces puedan ser enjuiciados con todo el peso de la ley”, destacó la Open Society.

“Esto es especialmente importante si se considera que esta violencia (también ha sido) perpetrada por las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo deber es combatir el delito, no cometerlo. Recurrir a acciones criminales en la lucha contra el crimen no deja de ser una contradicción, una que por lo demás socava trágicamente el estado de derecho”, señalan.

Si bien es cierto que de acuerdo con el derecho internacional, México tiene la obligación primaria de investigar y enjuiciar los crímenes atroces, responsabilidad con armada en virtud de la ratificación del gobierno mexicano del Estatuto de Roma en 2005 (que creó la CPI), también lo es que la CPI, con sede en La Haya, nunca podrá igualar las ventajas de proximidad, la amplitud de las investigaciones o el impacto perdurable sobre el desarrollo del estado de derecho que pueden brindar los procedimientos internos.

México también ha acordado diversos compromisos en el marco de otros tratados con los sistemas Interamericano y de Naciones Unidas, y ha sido notable en cuanto a los estándares de derechos humanos en el contexto internacional. De hecho, ha sido hasta ahora una voz a favor de los derechos humanos en varios países.

Además cuenta con amplios recursos y capital humano para actuar en la prevención, enjuiciamiento y castigo de crímenes atroces, perpetrados en su mayoría por sus propias fuerzas.

Open Society indicó que la incógnita es si México tiene la voluntad política de hacerlo, sin embargo, se detalla en el informe que será presentado este martes 7 de junio en el Museo de Memoria y Tolerancia que los gobiernos mexicanos consecutivos “han fracasado rotundamente a la hora de establecer las responsabilidades por las atrocidades cometidas por actores federales y estatales, o el crimen organizado”.

Además de garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes atroces, es necesario que el gobierno mexicano siga promoviendo reformas significativas, si bien de lento avance, al sector justicia y a la mejora de sus capacidades técnicas. El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación: debe iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes.

Este análisis, finaliza Open Society, abarca tanto la presidencia de Felipe Calderón (1 de diciembre, 2006 – 30 de noviembre, 2012) como la de Enrique Peña Nieto (1 de diciembre, 2012 – presente).