Sequía: la emergencia silenciosa
Ramón Aguirre
Apenas estamos empezando marzo y cada vez son más frecuentes las notas que abordan el tema de la sequía que padece el país.
Faltan muchas semanas para que se establezca la temporada en que, estadísticamente, nos empieza a llover y se pueden ya prever problemas graves de abasto en el campo y en muchas de las ciudades más importantes, incluidas, por supuesto, la Zona Metropolitana de Monterrey y el Valle de México.
Los pronósticos indican, con una alta probabilidad, el que tengamos un año normal y no se esperan lluvias que nos permitan recuperar los niveles de las presas, las cuales han caído por abajo del 50 por ciento.
Con datos de la Conagua, con corte al 28 de febrero, un 30% del territorio mexicano se encuentra bajo la categoría de sequía moderada y un 20% bajo una sequía severa.
Del total de los 2,446 municipios del país, 2,019 tienen algún grado de afectación, siendo 451 los que más preocupan por encontrarse en sequía severa y otros 45 que están bajo sequía extrema.
Lo que debemos tener claro es que México es vulnerable a los eventos meteorológicos extremos, dada su ubicación geográfica, así como propenso a sequías de no presentarse ciclones tropicales o, al revés, a fuertes inundaciones ante huracanes categorías III, IV o V, altamente destructivos.
Pero el problema que enfrentamos no sólo es por las variaciones climatológicas, mucho tiene que ver la explotación excesiva de las fuentes de agua, la contaminación, la falta de infraestructura y la escasa reposición de ésta, la poca inversión en investigación y desarrollo tecnológico, el crecimiento urbano desordenado, la deforestación y la desertificación, por nombrar algunos de los principales aspectos perjudiciales.
Si vemos la tendencia de los números del agua en México, es evidente la urgente necesidad de retomar el tema y corregir el rumbo: en 1950 teníamos una disponibilidad de 18,000 metros cúbicos por persona al año, en 2015 la cifra bajó a 3,692; en tanto que en 1975 había 16 acuíferos sobreexplotados, actualmente tenemos 115.
Aunado a esto, las inversiones públicas en el sector hídrico han disminuido en más de un 60%, los problemas sociales están en aumento, muchísimos organismos operadores están bajo condiciones de trabajo con sus sindicatos francamente inaceptables y representan un lastre para su eficiencia, el subsector agua potable está más politizado que nunca, entre otros aspectos.
Al marco legal del agua le urge una reforma que permita modernizarlo y cambiar el modelo de gestión con el que trabaja para poder garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua.
¿Qué podemos hacer para mitigar la situación?
El tamaño del problema es tal, que ninguna acción aislada es la que nos permitirá enfrentarlo, se requiere implementar numerosas acciones para que, con la suma de todas, se pueda generar una mejora.
Acciones tales como: sensibilizar a la población para disminuir el consumo a lo realmente necesario, utilizar accesorios ahorradores en grifos y duchas, adoptar los cultivos a especies que necesiten menos agua, evitar pérdidas en tuberías de las redes de distribución de agua potable y en los canales de riego agrícola, además de incrementar el tratamiento y el reúso de aguas residuales e invertir más en infraestructura y en la profesionalización del sector agua.
Éstos fueron algunos de los comentarios que se vertieron en el foro “Cómo construir resiliencia ante la sequía”, que se celebró en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, valiosas ideas de reconocidos especialistas que vale la pena explorar.
Una es motivo de reflexión: los proyectos que mitigan sequías e inundaciones… cuestan, demandan de atención prioritaria y de recursos económicos.
