Beneficiaran a desalojados de predios invadidos

Debido a la voluntad que han tenido algunas personas para desalojar predios invadidos sin la necesidad de la intervención policiaca, ahora podrían acceder a los beneficios de los programas sociales implementados por parte del gobierno federal para que recuperen parte del dinero que perdieron por confiar en líderes que ofertaron los terrenos de forma ilegal, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.
Puntualizó que con respecto a los desalojos voluntarios en el predio Las Brisas y La Piedad del municipio de Berriozábal, las personas fueron reubicadas en una sede alterna; antes, denunciaron que fueron víctimas de engaños por supuestos líderes, quienes prometieron estos terrenos sin ser ellos los dueños legítimos.
Tomando en cuenta que la mayoría de estas personas se encuentra en condiciones precarias (y en su desesperación invaden terrenos para obtener una vivienda), Llaven Abarca resaltó que ahora tendrán la oportunidad de beneficiarse con recursos económicos, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos.
En un informe presentado con respecto a los terrenos irregulares, precisó que en Berriozábal se tienen 26 predios invadidos, 19 más en el municipio de Ocozocoautla, y se suman cinco en Tuxtla Gutiérrez e igual número en Chiapa de Corzo.
En Jiquipilas hay cuatro predios invadidos, dos más en Mezcalapa, uno en San Fernando; en Amatán, Socoltenango y El Parral, son municipios que tienen un predio invadido, respectivamente.
El titular de la FGE aclaró que, antes de que los invasores accedan a los programas federales, se revisarán los historiales, antecedentes penales, vínculos con los líderes invasores, porque los beneficios se entregarán única y exclusivamente a quienes lo necesiten y no cuenten con recursos económicos para una vida digna.
Dijo que los beneficios se pueden reflejar en personas mayores de 68 años con las pensiones, también para quienes tienen algún tipo de discapacidad y hasta el de Tandas para el Bienestar, que consiste en un préstamo de cinco mil pesos, para que las personas que fueron engañadas para hacerse de un terreno, puedan iniciar un pequeño negocio, aunque también pueden acceder al beneficio de las becas.