¿Quién es más ruin: Peña Nieto o el Congreso de la Unión?

VICENTE BELLO
El Congreso mexicano dio ayer otra demostración de su vileza, de su ruindad. El presidente Enrique Peña Nieto acaba de meter un gol no sólo al Poder Legislativo sino al pueblo de México, con el decreto aquel del reciente día 5 con que ha privatizado el agua, y sin embargo el Pleno de la Comisión Permanente, en su sesionar de ayer, no ha hecho el menor comentario al respecto.
Diputados y senadores dejaron pasar el decreto como quien, de noche, hace por no mirar el caudal de la tempestad pero deja pasar la barrancada ensordecedora.
Para ellos –exceptuando a los legisladores del PtMorena, quienes en conferencia han reclamado muy airados esto que han calificado como el otro gran robo a la nación-, el decreto presidencial no tuvo la importancia suficiente como para debatir sobre él.
Y, con su silencio, han vuelto a confirmar que en realidad nunca fueron los representantes populares que la Constitución en su artículo 51 mandata, sino integrantes de una pandilla de facinerosos que, desde las instituciones más altas del poder público, se dedicaron a enriquecerse con la simulación de un contrapeso. Un contrapeso que, sin duda en la 62 y 63 legislaturas, nunca se manifestó, para la desgracia y tragedia de México.
La gravedad del decreto perpetrado por Peña tiene el peso de sobra para llamar la atención del Poder Legislativo mexicano. Y cómo no si el presidente de la República, con su accionar legislativo, dio la vuelta al Congreso. Prácticamente lo suplantó. Peña en los hechos dio un Golpe de Estado al Legislativo, aun cuando es de su facultad la emisión de decretos presidenciales.
Ni modo que Peña Nieto no supiera desde el principio que la entrega del agua a las compañías trasnacionales de la minería y del petróleo –como lo acaba de hacer con su decreto de marras-, representaría un golpe demoledor al país, al Estado mexicano, a la moral de una población vilipendiada a más no poder en todos estos años, y de modo muy especial en el sexenio actual.
Ni modo que no supiera lo que toda persona parada en la piedra del sentido común piensa de una entrega de ese tamaño: de que sería, y como ya es, una auténtica chacalada. Una Traición a la Patria.
Una traición sólo comparada con la que él mismo protagonizó –junto con los diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM, Panal y un sector del MC- el día en que quedó aprobada la reforma energética, el 6 de agosto de 2014.
¿Quieren otra comparación? O con la de Antonio López de Santa Anna cuando entregó Texas en 1836 o cuando aceptó que se firmase el Tratado Guadalupe-Hidalgo en lo que se conoce como el retablo mayor de la antigua Basílica de Guadalupe, el 2 de febrero de 1848, con el que el gobierno mexicano de aquel entonces aceptó ceder a los gringos más de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano original.
Pues ayer los diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente consideraron que este tema no saldría a tribuna.
Salió otro: el de la infamia de Donald Trump hacia los niños de migrantes. Allí sí el PRI y el PAN –que en aquello de las privatizaciones del petróleo y el agua siempre van de la mano- se columpiaron con ganas, con ardor, con entusiasmo. Hasta parecían de veras hombres y mujeres defensores a ultranza de la soberanía nacional.
Por cierto… ninguno de ellos, priístas y panistas, se atrevieron a reclamar a Enrique Peña Nieto por qué su canciller, Luis Videgaray Caso, salió al paso de la salvajada de Trump con paso de reumático. Como si en realidad no quisiera decir nada, para no contravenir al presidente estadunidense, que a veces da la impresión de que sólo falta que ordene a Peña que le bese los zapatos. O cuando menos que se los bolee.
Obligado por su condición de contrapeso constitucional a cuestionar el ejercicio del poder, el Congreso mexicano está quedando a deber al país muchísimas preguntas. Preguntas como aquellas, obligadísimas, de por qué Enrique Peña Nieto ha hecho hasta un decreto presidencial para entregar a compañías mineras y petrolíferas trasnacionales no una, ni dos, ni tres acuíferos, sino 300, de los 756 que tiene el país.
Preguntas de gran trascendencia histórica como aquella que se hizo desde un principio la oposición al régimen, de por qué Peña Nieto entregó a los Estados Unidos el subsuelo petrolífero del país.
En una era de cambio climático como el que comienza a agobiar al mundo, el presidente Enrique Peña Nieto acaba de entregar nada menos que el agua a compañías trasnacionales, incluso a contrapelo de los intereses más vitales de cientos de pueblos y comunidades de México.
¿Qué le dieron a Peña Nieto? ¿Qué le saben o le supieron los gringos desde un principio, para hacer que hiciera todo lo que ya hizo en favor de ellos y en contra absolutamente del pueblo que dice representar? ¿Es que acaso este presidente, que se ha comportado como un auténtico demonio, no tiene corazón, no tiene alma, no tiene conciencia alguna de las cosas que dice y decide?
¿Por qué ahora, en que todo mundo dice que perderá las elecciones presidenciales, Peña Nieto decide –a la usanza del cuartelazo- entregar a extranjeros la mitad del agua del país, aun sin ley de por medio, lo que pone de antemano jurídicamente muy debilitada su entrega a las trasnacionales?
Estas preguntas y muchas más el Congreso debería sentirse obligado de hacerlas.