Diputados nombran nuevo titular del Comité de Ética

En la Cámara de Diputados, a raíz del incidente con legisladoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lanzaron gritos homofóbicos contra un integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Junta de Coordinación Política dio a conocer que se nombró como presidenta del Comité de Ética a la diputada del tricolor, Martha Tamayo.

Tamayo Morales sustituye a la también diputada priísta con licencia, Marcela González Salas, que decidió separarse del cargo para ocupar un puesto en el gobierno del Estado de México.

Entre las primeras tareas del Comité estará analizar la queja presentada por el ciudadano Jonathan Yair Bárcenas Pérez, contra las diputadas priístas que la madrugada del pasado 9 de noviembre lanzaron el grito “¡ehhhh, puto”, contra el diputado Ariel Juárez.

El documento entregado en la Oficialía de Partes de San Lázaro desde este miércoles 15 de noviembre, indica que los actos cometidos por las congresistas del Revolucionario Institucional, son contrarios a las obligaciones de la Cámara, al Reglamento y al Código de Ética de la misma.

Señala que las diputadas Alret Mólgora Glóver, Rocío Díaz Montoya, Gloria Himelda Félix Niebla, Cristina Sánchez Coronel, Jasmine María Bugarín Rodríguez y Xitlalic Ceja García, “alteraron el orden” al pronunciar en un par de ocasiones el grito “¡ehh… puto!”, dirigido al diputado Juárez Rodríguez.

Acusa que dicha conducta resulta lesiva y dio paso a un pronunciamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que exhortó a los diputados federales a evitar que las manifestaciones hechas en el ejercicio de sus funciones reproduzcan prejuicios y estereotipos negativos.

Indica que los gritos de las congresistas violan disposiciones del Reglamento de la Cámara, aunado a que corresponden a los supuestos contemplados en los artículos 37 y 38 del Código de Ética interno, referente a las conductas que “atentan contra la ética parlamentaria” y que podrían ser sancionadas con amonestaciones públicas o privadas, la remoción de comisiones o comités; así como la suspensión del pago de la dieta.

Refiere que ese ordenamiento establece que se deberá eliminar del lenguaje parlamentario, el uso de expresiones “vulgares, despectivas, degradantes o soeces”, se procurará amabilidad y respecto.

Argumenta que la conducta es grave porque lesiona la dignidad parlamentaria, rompe los principios democráticos, promueve la discriminación, la violencia e intolerancia.

Por lo anterior, solicita aplicar a las involucradas alguna de las sanciones referidas, con el propósito de “salvaguardar la integridad” de la Cámara.

Pide destituir a quienes se refiere como “diputadas agresoras”, de las comisiones de Derechos Humanos e Igualdad de Género, al haber actuado de manera incongruente y poner en riesgo el cumplimiento del objeto de dichas instancias parlamentarias.

Añade que de acuerdo al Código de Ética, es preciso presentar pruebas sobre los hechos denunciados, las cuales radican en el “hecho notorio”, es decir, en los gritos proferidos por las legisladoras y que constan en las grabaciones sobre lo ocurrido la madrugada del 9 de noviembre de 2017, en el Salón de Sesiones de la Cámara y que “son del dominio público”, es decir, que se han transmitido en medios de comunicación y en redes sociales.