Denuncian torturas a presos en Venezuela

Las torturas en las prisiones venezolanas forman parte de la cotidianidad carcelaria, ante la total indiferencia de las autoridades, sostuvo el abogado Carlos Nieto Palma.
“Cada día aumentan las denuncias de familiares de reclusos que sufren torturas y malos tratos propiciados por los funcionarios encargados de su custodia, aun cuando existen leyes que lo prohíben”, precisó el coordinador de la asociación civil Una Ventana a la Libertad.
Nieto Palma se refirió en particular a la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocida como Ley contra la Tortura, que estuvo muchos años engavetada en la Asamblea Nacional (Congreso unicameral).
El defensor de los derechos humanos de los privados de libertad explicó que esta ley tiene como objetivo la prevención y sanción de los delitos de tortura, así como la reparación a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos.
“Igualmente establece que quedan sujetos a su aplicación los funcionarios públicos adscritos al sistema penitenciario y fija penas de prisión entre 15 y 25 años para el delito de tortura, de 13 a 23 años por tratos crueles y de tres a seis años por tratos inhumanos”, dijo.
Consideró que el solo hecho de estar en una cárcel venezolana es una forma de tortura por las condiciones infrahumanas en que éstas se encuentran sin mínimas condiciones para que seres humanos puedan habitar en ellas.
“A esto se unen los constantes y reiterados maltratos que reciben los reclusos por parte de los funcionarios encargados de su custodia tanto interna (Ministerio para el Servicio Penitenciario) como externa (Guardia Nacional Bolivariana)”, denunció.
Nieto Palma resaltó que la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes siempre han existido y existen en las prisiones venezolanas como La Rotunda, Guasina y Retén de Catia, donde se vivía bajo una reiterada violación de los derechos humanos.
Señaló que un caso especial que merece ser resaltado por lo grave que esto significa, lo viven los reclusos venezolanos de parte de un funcionario del Ministerio Penitenciario de nombre Julio César Pérez, quien es director de Penales con Régimen.
A Pérez “se le sigue un proceso legal por los hechos sucedidos en la cárcel de Uribana, en el central estado Lara, el 25 de noviembre de 2014 y que culminaron con el envenenamiento de más de 140 reclusos y 50 fallecidos por esa causa”, aseveró.
El defensor agregó que hasta ahora se desconoce de manera oficial las causas que originaron el hecho y que por presiones ejercidas, Pérez fue detenido y se le dictó arresto domiciliario, pero sigue en la nómina del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Además ha sido ampliamente denunciado por haber cometido abusos y atropellos contra reclusos del Internado Judicial Metropolitano Rodeo I, II y III, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y II y Comunidad Penitenciaria de Coro.