SSyPC entrega víveres
Huixtla – Con la finalidad de brindar ayuda y seguridad a los municipios de la región Soconusco afectados por el sismo de 6.9 grados Richter, el Gobierno del Estado de Chiapas, que encabeza Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) implementaron un plan emergente y envía a 300 elementos a las zonas afectadas.
Uniformados de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos y Estatal de Tránsito, se suman a los elementos adscritos a los municipios de la región Soconusco, para apoyar coordinadamente con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Mando Único Policial, los trabajos para asistir a las familias afectadas por el sismo ocurrido el pasado 7 de julio.
En este sentido, las fuerzas de seguridad estatal ya se encuentran auxiliando a la población, principalmente de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula y Huixtla que son las zonas con daños más notorios, sin embargo el plan estratégico abarcará 17 municipios más de las regiones Sierra e Istmo-Costa. Las tareas de ayuda consistirán en el resguardo de la población y sus bienes patrimoniales, limpieza de domicilios, calles y caminos de extravío, así como entrega de despensas, resguardo de las propiedades de los pobladores y traslado a albergues.
Aunado a ello la dependencia transportó en tres comandos, suministros de emergencia y víveres de primera necesidad, consistentes en: mil 720 cobertores, dos mil kits de limpieza y cuatro mil 344 litros de agua.
En tanto también se apoyará con los trabajos de rehabilitación de los inmuebles, colonias y carreteras afectadas y se coadyuvará con el Instituto de Protección Civil para el Manejo integral de Riesgos de Desastres del estado de Chiapas, para la revisión de las estructuras de las escuelas, viviendas y edificios públicos afectados, con la finalidad de prevenir más derrumbes.
Asimismo se montarán guardias permanentes de 24 horas para patrullar colonias, caminos de extravío y carreteras estatales, con la finalidad de inhibir la ejecución de ilícitos.
