Opinión

José Buendía Hegewisch

Niños sin derechos

En la informalidad cabe y se puede casi todo, excepto el respeto de los derechos más básicos. Es una forma de vida extendida. En economía más de una de cada dos mexicanos activos trabaja, o  sobrevive, en ocupaciones al margen de obligaciones fiscales, derechos laborales, seguridad social, y de casi cualquier relación con el Estado.  A la Justicia también la corro en prácticas informales, que resguardan la impunidad y la corrupción. Pero donde la  ausencia de pautas y estándares es aún más grave, porque suele ser irreparable,  es en la asistencia privada o la filantropía para la protección de derechos de la niñez, donde  llega a tomar formas delictivas y criminales.

La PGR abrió esta semana la puerta del albergue La Gran Familia, en Michoacán, donde según denuncias medio millar de niños estaban expuestos a vivir en condiciones deplorables e insalubres, sobre todo a un horror de abusos, y malos tratos, incluso bajo la privación de la libertad.

Paradójicamente, el despliegue policiaco, incluso con el Ejército, podría haber sido el mayor contacto del refugio con alguna dependencia quizá en años, ya que como muchas otros se manejan en la informalidad sin supervisión alguna, ni rendir cuentas de los recursos que obtiene o de cómo operan,  a pesar de la competencia de los tres órdenes de gobierno.

Desde luego, el operativo no es el inicio de una cruzada en favor de los derechos del niño. El Estado con ese despliegue de fuerzas mostró espectacularidad e incluso propició un linchamiento mediático, aunque  fallido, de la responsable de la casa hogar, Mamá Rosa, como si se tratara de desmantelar un narco laboratorio o aprehender a un criminal. Por supuesto que las denuncias de delitos deben ser  investigados, pero desafortunadamente la acción policiaca no significa atacar el problema de fondo de la incapacidad del Estado de cumplir con instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y garantizar sus derechos.

Aquí no vemos cómo hoy en la India hay manifestaciones por una niña violada. Los menores de edad son la población que menos preocupa porque pueden desaparecer sin que apenas se note, y sobre todo, porque casi nadie reclama por los que están  en albergues privados, incluidos los propios padres muchas veces. Menos aún los que están en situación de calle o que forman parte de las legiones de migración infantil. Una muestra solamente del universo de la población infantil en refugios o casas hogar, según datos del INEGI, ronda los 30 mil. Además, un número casi igual está en instituciones de cuidado, pero la “cifra negra” es muy alta dado que ni siquiera existe un registro completo y actualizado de las casas hogar, menores actualmente institucionalizados y su situación jurídica.

En efecto, los miles de niños clandestinos cruzan el territorio desde Centroamérica  ilegalmente a Estados Unidos, de los cuales un cuarta parte son mexicanos; o los que el crimen engancha como mulas para el narcomenudeo o vigilantes en la calle y los que están confinados en albergues privados, tienen como común denominador la ausencia de la protección y atención del Estado para cuidar sus derechos.

¿Cuántos casos de maltrato, abuso sexual, trata y adopciones ilegales en refugios particulares como ahora se denuncia de La Gran familia? ¿Por ejemplo qué pasó con Casitas del Sur donde se denunció desde 2008 que operaba una red de tráfico de menores que sustrajo a 11 de ellos de esa casa hogar?

La figura de Mamá Rosa divide a la opinión pública entre denuncias de horrores y quienes defienden a esta mujer  octogenaria que desde hace más de medio siglo acoge a menores en su refugio. Pero más allá de sus responsabilidades, no es el encuadre correcto del problema. Su caso es sólo un botón de muestra de la ausencia de políticas públicas y un sistema nacional de garantías que asegure coordinación entre distintos niveles de gobierno y las secretarías para la atención de menores.

El sistema de protección de los derechos de la infancia está sumido en un auténtico caos y la informalidad abre el acceso al negocio y la exposición de menores al delito. Estas casas se mueven sin vigilancia ni obligación de rendir cuentas a una dependencia. La fragmentación de responsabilidades lleva a que ninguna institución se encargue de monitorear las condiciones en que operan.

Sin embargo, ojalá que el escándalo —incluso del operativo— sirva para diluir la doble moral que hay sobre el problema y para que el Estado se mueve hacia lo que debiera ser prioridad básica: los derechos de la niñez.

Vuelta prohibida
Néstor Ojeda
La CNTE, freno al futuro

La reforma educativa no tiene futuro si no pasa por Oaxaca y Michoacán y, por ello, tiene como principal obstáculo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Los números no mienten y precisamente los estudiantes de primaria y secundaria con el peor desempeño y el más bajo rendimiento académico son los niños y jóvenes oaxaqueños y michoacanos.

La razón es simple, estudian poco y sus maestros son malos. En Oaxaca durante las últimas tres décadas los estudiantes solo han asistido a 120 de los 200 días de clases que corresponden al calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

La razón es que la coordinadora magisterial se desvió y degradó al pasar de ser una organización que nació para combatir el cacicazgo dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y se transformó en un grupo de presión política con millonarios intereses económicos que funciona sin control alguno y desafía al Estado mexicano.

Su coartada para condenar a la mediocridad, pobreza y marginación a varias generaciones de niños y jóvenes en Oaxaca y Michoacán es una supuesta defensa de la educación pública y bajo esa bandera se han empeñado en impedir los exámenes de oposición a los aspirantes a una plaza de maestro.

Se ve en extremo complicado, sin duda, pero es indispensable desactivar y desarticular a la CNTE para poder concretar la reforma educativa, ya que de otra forma no se ve cómo llevar educación de calidad a los niños de Oaxaca, Michoacán y el resto del país.

Pero decir el qué es fácil, lo difícil es el cómo, con una agrupación que tiene controlado al gobierno de Oaxaca y sometido a su gobernador Gabino Cué y que goza de la impunidad que le garantiza la debilidad institucional en Michoacán. Así las cosas tal parece que la reforma que le tocó instrumentar al titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuayffet, se quedará en puntos suspensivos.