Fuero en Chiapas continúa proceso de eliminación

A partir del 10 de enero de este año entró en vigor la eliminación del fuero para el gobernador del Estado, los Diputados Locales, Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la Judicatura, así lo determinaron los propios legisladores el año pasado, cuando aprobaron el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Local.
Esta disposición que ya funciona en Chiapas tras su publicación en el Periódico Oficial, también incluye al Fiscal General del Estado (FGE), a los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a las autoridades municipales y a aquellos organismos independientes o autónomos; inclusive, al propio Auditor Superior del Estado.
Por tal razón, en el artículo 109 de la reforma hecha, se establece que serán sancionados aquellos que cometan “violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Constitución del Estado, a las leyes que de ellas emanen, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos, con independencia de los delitos que de esas conductas resulten”.
En el mismo documento, que puede consultarse de manera gratuita por la ciudadanía a través del sitio web oficial de la Secretaría General de Gobierno, se explica la forma en que se aplicará la Ley a los servidores públicos que sean acusados de cometer delitos.
Toda esta situación, se logró por las modificaciones y reformas a la Constitución, donde también participaron con sus actas de Cabildo los municipios; sus representantes mandaron 121 documentos que correspondieron a igual número de ayuntamientos y que avalaron los cambios a la minuta del proyecto.
Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Chiapas, puntualizó el pasado 31 de diciembre del 2018, que se trataba de una demanda social, pero también de uno de los temas que ha emanado de Andrés Manuel López Obrador, presidente del país, el combate a la corrupción.
De acuerdo con el Periódico Oficial, “el decreto recupera el sentido original del fuero como una protección al cargo y no a la persona, eliminando del texto de nuestra Constitución la declaración de procedencia a cargo de la legislatura local, cuando se trate de delitos por hechos de corrupción”.
Cuando el gobernador del Estado cometa algún acto sancionado por la Ley Penal, el Congreso del Estado actuará mediante los dos tercios de los votos de las personas presentes; no obstante, será por mayoría relativa “cuando se trate de los otros servidores públicos enunciados en este precepto”.
Declara el documento que, en caso de que la causa resulte positiva, el acusado tiene que ser separado de sus funciones y serán los tribunales quienes definan su situación legal; sin embargo, si la sentencia marca su inocencia puede regresar a su cargo. “Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.