Grupo Pochteca se encuentra en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien ya ha bloqueado sus cuentas bancarias luego de que las autoridades mexicanas y estadounidenses sospechan que forma parte de una gran red dedicada al fentanilo. 

La empresa mexicana, dedicada a controlar a otras dedicadas a la  fabricación y comercialización de productos químicos con presencia en 10 países en el continente americano, también ha sufrido la suspensión de las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Una investigación publicada por Milenio señala que la DEA, la UIF y el Centro Nacional de Inteligencia se han coordinado a fin de hacer frente al tráfico de fentanilo y como resultado hay 49 personas morales y una física en la mira, entre ellas Pochteca, que estaría importando sus productos a fin de contribuir a este delito. 

Una fuente de la Embajada de Estados Unidos en México también dijo al medio antes citado que la colaboración entre ambas naciones beneficiará para combatir a los precursores de la fabricación de drogas. 

Estas acciones también se dan días después de que México y Estados Unidos abrieran una nueva etapa de su cooperación en seguridad, enfocada en atacar las causas del narcotráfico y la migración ilegal, tras el fracaso de una ofensiva militar antidrogas desplegada hace 13 años.

El nuevo marco, que sustituye la Iniciativa Mérida, fue puesto en marcha durante una visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien admitió que en el pasado la cooperación se apoyó “demasiado en las fuerzas de seguridad”.

Por eso, uno de los tres pilares del plan será generar “oportunidades económicas” en “comunidades y regiones desatendidas”, explicó.

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Los otros objetivos son el control del crimen transfronterizo, con especial énfasis en el tráfico de armas hacia México, y el combate al lavado de dinero y la financiación de las organizaciones delictivas.

Dentro de la Iniciativa Mérida, Washington desembolsó 3 mil 300 millones de dólares en asistencia militar y asesorías, pero López Obrador asegura que el plan solo disparó la violencia pues desde 2006, México acumula más de 300 mil asesinatos, en su mayoría atribuidos al crimen organizado, y unos 90 mil desaparecidos.

(Con información de Milenio y AFP).