Tras haber acreditado actos de tortura en contra de Mario Aburto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación en torno al hombre señalado de haber disparado contra Luis Donaldo Colosio.

A través de un comunicado, la CNDH explicó que tras una investigación se determinó que los actos de tortura en contra de Aburto fueron concretados por parte de elementos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del Ministerio Público y custodios, desde el momento de su detención, en marzo de 1994.

La tortura también se habría cometido hasta las primeras diligencias y durante su traslado al CEFERESO 1.

La CNDH acusó que también se le ha mantenido incomunicado y alejado de su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno.

“Las nuevas consideraciones y hallazgos, advierten violaciones graves a derechos humanos, por ello, la CNDH establece que la FGR deberá realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima; además, estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, detalló.

La Comisión apuntó que la nueva investigación o reapertura de la anterior tiene como finalidad subsanar deficiencias y llegar al esclarecimiento de los hechos, que permitan a las víctima acceder al derecho de la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas.

Finalmente, la CNDH recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.