El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya algún tipo de venganza por parte de su Gobierno en contra de Rosario Robles, exfuncionaria peñista a la que ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que siga su proceso jurídico en prisión preventiva, bajo el argumento de un “elevado riesgo de fuga”.

“Por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza, nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad”, subrayó.  

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal indicó que la decisión jurídica sobre Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial, no obstante, dijo que si consideran que el juez no actuó con autonomía se le debe investigar. 

“En el caso de Rosario Robles es un asunto del Poder Judicial y si el juez recibió una orden o actuó por consigna debería de ser sancionado, porque los jueces deben actuar con autonomía”, dijo. 

De igual forma dijo que recomienda revisar al juez y permitir que incluso participe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Comisión Interamericana, si se piensa que hay una injusticia. 

Reiteró que para su gobierno lo más importante es la autoridad moral y no hay persecución a nadie ni se denuncia por consigna política. 

Añadió que estos asuntos se tratan primero con la Fiscalía General de la República (FGR) y luego con el Poder Judicial, mismos que, aseveró, ya muestran un avance en la separación de los poderes. 

Un juez decidió mantener en prisión a una exministra del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusada de corrupción en México, según informó la defensa de la exfuncionaria.

Rosario Robles, quien fungió como secretaria de Desarrollo Social en el gobierno anterior y titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es señalada de participar en un desvío millonario de recursos públicos. 

La mujer de 65 años permanece en prisión desde el 13 de agosto de 2019. Recientemente interpuso un recurso de amparo para pedir que sea revisada la medida de prisión preventiva y poder llevar el juicio en libertad o en prisión domiciliaria. 

Sin embargo, el juez que revisó el caso este miércoles decidió mantenerla en prisión al señalar que hay un riesgo elevado de fuga, una decisión que la defensa de Robles deploró. 

“No compartimos los argumentos que expuso el juez para ratificar nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva. Me parece que son argumentos que ya habían quedado superados”, dijo su abogado, Epigmenio Mendienta, a la televisora Milenio. 

Su detención en 2019 fue vista como un paso en la cruzada contra la corrupción que dice encabezar el gobierno del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien fue elegido en 2018 en parte por el hartazgo de los mexicanos ante el saqueo de recursos públicos. 

Después de Robles fue detenido otro funcionario de alto nivel: Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex. Lozoya, quien ahora es testigo colaborador de la fiscalía general, es acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. 

Sin embargo, fotografías recientes de Lozoya cenando en un restaurante de lujo en la capital mexicana generaron críticas a la estrategia contra la corrupción que dice encabezar el gobierno de López Obrador. 

El mandatario dijo a inicios de octubre que la aparición de Lozoya en un restaurante es “una provocación”. “Es legal pero es inmoral el que se den estas cosas”, dijo.