Corolario

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RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Supremacía constitucional

La teoría constitucional establece que la existencia de un Estado de derecho depende del sometimiento por igual de gobernados y gobernantes al imperio de la Constitución y las leyes. El concepto de “derechos humanos” está concebido para defender a los hombres de los hombres mismos, pero, en específico, de aquellos que detentan poder político. Todo ello, para evitar lo que establecía Hobbes: “El hombre sea el lobo del hombre”.

El ejercicio de nuestros derechos y libertades sólo puede concebirse dentro de una sociedad igualitaria y sin discriminaciones, en el que pueda florecer con seguridad jurídica la dignidad de las mujeres y hombres. Un Estado de derecho y será aquel en el que se garantice la normalidad democrática de un país.

Desde su promulgación de 1917, la Constitución ha procurado —mediante un largo camino no exento de tropiezos y desviaciones— constituirse como la ruta de navegación para consolidar a México como un Estado de derecho. Somos una República federal y nuestra Carta Magna garantiza también el pacto y la alianza entre los estados, quienes la reconocen como ley suprema.

Con motivo del proceso perturbador que resultó de los comicios para gobernador que se verificaron en el pasado junio en el estado de Baja California, en los que resultó vencedor Jaime Bonilla Valdez, y que después de ser declarado electo, el Congreso del estado aprobó una reforma a la Constitución local para que su mandato se ampliara a cinco años en el cargo, en lugar de dos —como le fue concedido su mandato— han venido sucediendo cosas interesantes.

Diferentes partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovieron diversas acciones para impugnar la inconstitucionalidad de ese intento de trastornar el orden legal del país.

Debido a la trascendencia del caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó una opinión al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su condición de ser la Sala Electoral de nuestro máximo tribunal constitucional.

En días pasados, dicho Tribunal —mediante el voto unánime de los siete magistrados que componen la Sala Superior de dicho órgano— sentenció que no es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido al gobernador por la voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años, “pues el texto transitorio impugnado de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema”.

Resulta muy alentadora esta resolución del órgano jurisdiccional electoral, que es de considerarse como una de las expresiones más claras de madurez democrática de nuestro sistema político y constitucional.

De prosperar la intentona de reforma constitucional bajacaliforniana se cimbraría la estabilidad de la federación, porque de plano se contrariarían principios torales, tales como la seguridad, la certeza jurídica y la no retroactividad de la ley, así como el respeto al derecho fundamental a votar y ser votado.

Corresponderá ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver acerca de este importante caso, que no sólo es relevante para aquel estado de la República, sino para el país entero, porque podría sentar un precedente peligroso e inconveniente, que iría en detrimento del principio esencial de supremacía constitucional, que es una de las decisiones políticas fundamentales sobre las que está construida nuestra república federal.

Como Corolario, la frase del juez constitucional norteamericano Stephen Breyer: “La Corte es la intérprete definitiva del significado de la Constitución”.

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