Cárceles sin Reinserción Social
Por: Raúl Contreras Bustamante
Excélsior
El artículo 18 de nuestra Constitución establece que para la extinción de las penas que sancionen la comisión de los delitos deberá existir un sistema penitenciario que procure la reinserción de los sentenciados a la sociedad y que no vuelvan a delinquir.
Nuestra Carta Magna exige —de manera expresa— que dicho sistema penitenciario se deberá organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para tratar de lograr volver a integrar en la sociedad a quienes han sido condenados penalmente.
El objetivo que pretende alcanzar radica en que el tiempo que debe permanecer una persona que ha sido privada de su libertad, debe servir para que se cumpla la pena por el delito cometido, pero, además, para que realice actividades y sea capaz de volver a reintegrarse a la sociedad.
Hace unos días fue presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, resultado de los trabajos realizados para verificar que las condiciones en que opera el internamiento de las personas procesadas y sentenciadas en nuestro país sean respetuosas de los derechos humanos.
La conclusión es muy preocupante. Demuestra que el sistema penitenciario en México sigue inmerso en una grave crisis, porque a pesar de que esto ya se ha denunciado desde hace años, las riñas, los motines, asesinatos y la corrupción al interior de los centros penitenciarios siguen siendo la nota distintiva.
Durante 2017 se registraron mil 647 incidentes delincuenciales en las cárceles mexicanas y 75% de los homicidios cometidos al interior de los centros penitenciarios fue doloso. En 50% de los centros verificados hay áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas.
A pesar de que la Constitución mandata que el sitio en que se recluya a los que estén detenidos en prisión preventiva deberá ser separado del que se destinare para aquellos sentenciados —para evitar la “contamina-ción” social— hoy día sencillamente no existe.
Además, en 64 de los 131 centros evaluados hay condiciones de hacinamiento de los reclusos. La sobrepoblación y la aglomeración provocan el surgimiento de problemas tales como la falta de control por parte de las autoridades, así como el surgimiento de autogobiernos o cogobiernos de estos centros.
Esto significa que en esos penales los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad, lo que genera una gran corrupción, violencia, comisión de delitos —extorsión telefónica desde adentro, venta de drogas y otros fenómenos que causan trastornos y perjuicios a la comunidad.
Con esos resultados tan desfavorables de la evaluación de las cárceles del país, resulta conveniente destacar que es positiva la implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que procura —entre otras cosas— evitar que las personas no ingresen a la cárcel de manera preventiva durante su juicio cuando han cometido delitos no graves; todo lo anterior con base en el Principio de la Presunción de Inocencia.
La descomposición de la organización de las prisiones indica que es mejor apostar por fortalecer la mediación y los medios alternativos de solución de conflictos e incrementar las prácticas que estimulen el diálogo y la adopción de acuerdos para evitar abrir los procesos penales y sus consecuentes sentencias privativas de libertad.
En estas épocas electorales no se han escuchado propuestas ni compromisos de parte de los candidatos para la resolución de este grave problema social, que constituye la necesidad de mejorar nuestras cárceles de forma imprescindible.
No debemos olvidar que si las penitenciarías no reciben la atención necesaria, una parte primordial de la labor que desempeñan se deforma y lejos de lograr la función de la reinserción social de las personas recluidas, se erigen en auténticas academias del delito y del comportamiento antisocial, propiciando reincidencia, en lugar de rehabilitación.
Como Corolario las palabras del dramaturgo francés Víctor Hugo: “El que abre una puerta de la escuela, cierra una cárcel”.
