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Queman instalaciones del PRI en San Juan Chamula

En el marco del clima de tensión y violencia que se vive en el municipio de San Juan Chamula, la mañana de este jueves pasado amaneció colocada una manta con un mensaje explícito como si de un grupo del narcotráfico se tratara; en la madrugada del mismo día también incendiaron y balearon el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tras lo sucedido, el presidente concejal, Juan Chiilón de la Cruz arribó esa misma mañana del jueves a Tuxtla Gutiérrez para entablar una junta con el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, y en las afueras del palacio estatal, confirmó las amenazas de las que ha sido objeto al ser colocada la manta con el siguiente mensaje: “se le informa a toda la ciudadanía que empezará la limpia de la gente de Chilón” y por abajo de este se lee las iniciales TEELC-ZERRUCHO.
Con relación a la quema de las instalaciones del PRI, Lorenzo López Méndez, secretario de Acción indígena del Comité Directivo Estatal de este instituto político, informó un grupo de aproximado de 30 personas no identificadas incendiaron y balearon las oficinas del comité municipal.
Explicó que durante la madrugada, estas personas que se transportaban en varias camionetas, rompieron cristales de la planta baja del edificio -ubicado a un costado de la alcaldía-, dispararon sus armas y le prendieron fuego, aunque sólo se quemó la entrada principal.
Desde hace tres semanas un grupo de priístas se posesionó de la alcaldía de Chamula para presionar a las autoridades estatales con el propósito de que reconozcan a un supuesto concejo municipal, encabezado por Juan Chilón de la Cruz, nombrado por un pequeño grupo de pobladores.
El alcalde Ponciano Gómez Gómez, del partido Morena, quien despacha en San Cristóbal debido a la toma de la presidencia municipal, responsabilizó Mario Sántiz Gómez, diputado local del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de “desestabilizar” el municipio y de usar como “títere” a Chilón de la Cruz.
Dijo que el también expresidente del Concejo Municipal que concluyó sus funciones el 30 de septiembre pasado, pero dejó un adeudo de más de 150 millones de pesos a 107 comunidades del municipio.
Señaló que antes de dejar el poder el ahora legislador retiró 35 millones de pesos correspondientes al presupuesto de octubre pasado, cuando esos recursos ya le correspondían al actual ayuntamiento, por lo que el caso “está en manos de la Auditoría Superior del estado”.