Tren Parlamentario

Extinción de Dominio, una modalidad del derecho penal del enemigo
VICENTE BELLO
Todos tenían algo de qué hablar en cuanto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, desde ayer en vías de su promulgación.
Entonces dijo el pvemista Marco Antonio Gómez Alcántar: “El dictamen que hoy se pone a nuestra consideración nace del compromiso que adquirimos todos los grupos parlamentarios, de dar un golpe contundente a las asociaciones criminales y la corrupción, que tanto ha lastimado a nuestro país.
“La delincuencia en general y sobre todo, la corrupción, no pueden ser vistas nunca más como áreas de oportunidad para crear un patrimonio. Y, en consecuencia, un bien adquirido por estos medios no puede ni debe de gozar de la misma protección legal que las propiedades que fueron obtenidas a través de un trabajo honrado.
“Por ello la importancia de la ley que nos ocupa, porque a partir de hoy, todo servidor público podrá perder todos aquellos bienes que no se justifiquen con su ingreso, producto de su trabajo, o por su ingreso derivado de otras actividades profesionales o comerciales.
Todo servidor público, incluso particulares, deberán tener una justificación puntual del origen de su patrimonio, lo que significa un avance clave y sustancial para combatir a la corrupción”.
Tema candente, el de la extinción de dominio. La perredista María Almaguer Pardo argumentó: “La ley nacional que hoy nos convoca a este periodo extraordinario tiene su antecedente inmediato en la ley federal vigente que fue publicada en el DOF, el 29 de mayo del 2009. Es una ley que creó un procedimiento paralelo al penal, para que el Estado se adjudique la propiedad de bienes, producto de la delincuencia, o que de alguna manera se encuentren relacionados con ella, como parte de una serie de medidas extraordinarias que instauraron un régimen de excepción para la delincuencia organizada”.
Pero el Prd -único partido que votó en contra- advertía: “El Grupo Parlamentario del PRD votará en contra, porque, así como vienen y lo presentan ante esta tribuna, es una manzana con una piel de un título que todo mundo debería aceptar, sin embargo, el contenido está podrido y envenenado por autoritario y por presidencialista, porque concentra el poder político y económico en el presidente, y porque violenta también derechos humanos y garantías”.
Entonces fue el turno de Juan Villarreal Salazar, del Mc: “En Movimiento Ciudadano destacamos la importancia de que los gobiernos tanto a nivel local como federal tengan las herramientas necesarias para combatir y desarticular la delincuencia organizada, los hechos de corrupción por parte de los servidores públicos y los delitos que se deriven en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, es decir, que a través de esta figura de extinción de dominio, se permita incautar y disponer de los bienes que son producto y fueron utilizados para cometer ilícitos.
“Hoy lo que planteamos en esta tribuna, que ya fue discutido por la colegisladora en materia de extinción de dominio, es un avance para combatir de manera más efectiva por el Estado mexicano, los actos y hechos ilícitos e ir en contra de los altos niveles de inseguridad, y sobre todo, la corrupción con mayor eficacia.
“Estamos frente a un nuevo procedimiento que se llevará por cuerdas separadas, es decir, con un tribunal de naturaleza civil y especializado en dicha materia, que tendrá como elemento principal la existencia de un hecho ilícito, la existencia de algún bien de origen o destinación ilegal, el nexo causal de estos dos elementos y el conocimiento de quien pueda tener el titular del derecho o del producto ilícito.
“Dicho procedimiento será autónomo de la vía penal, lo que implica una diferencia con lo civil en la individualidad de la punible persecución de los bienes patrimoniales”.
Y el Pt, gran argumentador de esta Legislatura, dijo en voz de Ana Ruth García Grande: “Me parece que cualquier tarea que lleve como teleología abatir la delincuencia, el crimen organizado, la impunidad que priva desafortunadamente en nuestro país, debe conjuntar los afanes de todos los legisladores que estamos representando en este recinto a los ciudadanos.
“Es un hecho que no solo el ciudadano pretende que se persiga y se sancione a todo aquel que, en este esquema de corrupción, de impunidad y de delincuencia, obtenga para sí y para su beneficio bienes con una lesión directa a los ciudadanos.
“Creemos que es un paso indiscutible para atajar estos flagelos que privan en nuestro México.
“Verdaderamente el hecho de revisar el proyecto y entender que estamos ante una modalidad del derecho penal del enemigo, lo hemos dicho, en una filosofía alemana, donde Günther Jakobs ha mencionado que puede o no puede gustarnos el hecho de descuidar de fondo el ejercicio del respeto a los derechos fundamentales del hombre, en contrasentido cuando estamos hablando de verdaderos criminales.
“No se puede aplicar este derecho, esta figura de excepción a ciudadanos comunes y corrientes, que no son los que finalmente se benefician de conductas que laceran nuestra seguridad nacional.
“Están garantizados los procedimientos para que la extinción de dominio no violente derechos humanos fundamentales. Estamos hablando de procedimientos delineados, de requisitos de procedencia para poder aplicar esta figura y, desde luego, en el caso personal estoy convencida de su beneficio, aun aceptando que puede mejorar el proyecto y que, sobre la marcha, en el ejercicio ensayo-error, sin duda alguna haremos las propuestas necesarias para que sea más eficaz este marco regulatorio”.
Esto continuaba. Seguían hablando de la línea delgada entre el ciudadano común y el delincuente, cuando se trata de derechos humanos y de interpretación del delito.

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