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Pobreza afecta gravemente a pequeños en Chiapas

La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (Redias) señaló que sin política pública ni presupuesto será imposible revertir condiciones que sistemáticamente afectan el buen vivir de los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan en la entidad.
Chiapas tiene la población infantil más numerosa del país: cuatro de cada diez personas tienen menos de 18 años, de las cuales el 83.8% vive en pobreza. En regiones como Los Altos, niñas y niños indígenas siguen muriendo por causas prevenibles como enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, lo que sitúa al estado en el noveno lugar nacional en mortalidad infantil.
Por tanto, Redias expresó que los derechos de los niñas, niños y adolescentes debe ser agenda prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Añadió que los proyectos escolares de miles de jóvenes se truncan en la secundaria, ya que solamente siete de cada diez adolescentes concluyen su educación básica, lo que coloca al estado con el segundo menor promedio de escolaridad a nivel nacional.
Además, la violencia contra la infancia se refleja en los embarazos adolescentes de niñas de 10 a 14 años, con la segunda tasa más alta del país y también en las desapariciones y feminicidios. En 2018 y lo que va de 2019 han desaparecido 146 niñas, niños y adolescentes; y siete niñas y adolescentes fueron asesinadas.
Asimismo, el contexto de violencia social e institucional que se vive en la entidad ha generado el desplazamiento forzado de más de tres mil niñas, niños y adolescentes en 2017 y 2018, que aún no pueden retornar a sus comunidades de origen y miles más que vienen viajando de diferentes países de América Central son detenidos y sometidos a tratos crueles, humillantes y entornos torturantes, ya que los albergues destinados para la protección y atención integral terminan siendo anexos de las estaciones migratorias, privándoles de su libertad.
En el 2018 fueron detenidos 31,717 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 81.86% fueron deportados de forma inmediata sin garantizar el cumplimiento del debido proceso o de acceso a la protección internacional; no existen datos desagregados sobre niños, niñas y adolescentes solos, no acompañados ni acompañados; de enero a febrero del año 2019 han habido 5,121 detenciones y 3,692 deportaciones.
Sobre esto, las organizaciones denunciaron que frente a estas graves situaciones observaron con preocupación que el Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna) no esté claramente considerado en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, lo que implicaría que los objetivos y estrategias en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes quedarían nuevamente fuera de la agenda estatal y con pocas o nulas posibilidades de contar con presupuesto.
Asimismo, ante el contexto en la frontera, solicitaron la instalación de una mesa permanente de diálogo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil para la creación de rutas de atención a niñas, niños y adolescentes reconociendo la crisis humanitaria presente.