Noticias de Tabasco

Nueva legislatura local en Tabasco tendrá un gran reto: las cuentas públicas

La LXIII legislatura local, con mayoría de diputados de Morena, inició este miércoles su primera sesión y tendrá una gran prueba de fuego por delante: revisar y votar las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2017 pertenecientes a los tres poderes del estado y de los 17 ayuntamientos de Tabasco; las observaciones detectadas, en conjunto, suman más de 320 millones de pesos.
Será también el primer gran reto que le tocará sortear a la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora parlamentaria de Morena, Beatriz Milland Pérez, quien tiene la misión de transparentar el proceso de revisión y aprobación de las cuentas públicas, sobre todo las de los alcaldes, que en las últimas administraciones han gozado de impunidad pese al descomunal desvío de recursos.
De inicio, los coordinadores parlamentarios de Morena, PRD, PRI y PVEM, adelantaron, en tono enérgico, que el proceso de revisión de las cuentas públicas se realizará con estricto apego a la ley, de tal manera que no se protegerá ni solapará a ningún edil que haya desviado recursos.
Hasta ahora, este procedimiento ha sido utilizado como arma de venganza política para eliminar literalmente al adversario y en otros casos se ha protegido a presidentes municipales cercanos al círculo del poder.
Como antecedentes de todas estas irregularidades, en abril de 2013, fue denunciado el entonces fiscal superior del estado, Francisco José Rullán Silva, luego de varios intentos fallidos por parte de la fracción parlamentaria del PRD por destituirlo, pese a que había sido electo en 2003 por un primer periodo de siete años.
El PRD lo responsabilizó en aquella ocasión de no detectar los presuntos desvíos de recursos durante la pasada administración estatal, encabezada por Andrés Granier Melo.
En noviembre de 2017, José del Carmen López Carrera, quien había sustituido a Rullán Silva, corrió con la misma suerte. Durante su gestión fue acusado de maquillar cuentas para proteger a ediles a cambio de favores económicos y políticos.
De igual forma, a estas irregularidades se han prestado los diputados en turno, tal es el caso de la actual legislatura, que aprobó todas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016 de los 17 ayuntamientos, no obstante, el millonario desfalco en que incurrieron varios primeros regidores.