El uso envenenado y perverso de la publicidad oficial en México

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Por: Vicente Bello

Desde 2007, en los territorios del Congreso se han acumulado unas 18 iniciativas que plantean la reglamentación de la publicidad oficial en México. Ninguna, sin embargo, tuvo el peso suficiente para que comenzara una discusión sobre el tema con fines de dictaminar una nueva ley que tuviera como columna vertebral la creación de un órgano regulador autónomo e independiente de la publicidad.

La iniciativa que hoy será discutida en el seno de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fue recibida apenas el pasado 12 de marzo en San Lázaro, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. Y el punto nodal, central, de esta iniciativa -que ahora mismo está ya bajo condición de predictamen y que podría ser dictamen hoy al mediodía- consiste en pretender mandatar que sea la Secretaría de Gobernación la que regule la publicidad oficial en México.

Duda razonable

Pero el asunto que más escuece a la oposición no es la publicidad oficial en sí, sino la pretensión gubernamental y del PRI de torcer el brazo a los medios de información para que hagan modificaciones a sus líneas editoriales que beneficien a sus candidatos, justo ahora en que comenzaron las campañas para el relevo de más de 3 mil servidores públicos, uno de éstos el presidente de la República.

Lo que pretende el gobierno federal a cargo de Peña Nieto es oficializar un chantaje que ha estado transfigurado en una ley no escrita desde los tiempos de Miguel Alemán, como una espada de Damocles bamboleándose sobre periódicos y noticiarios de radio y televisión.

Un chantaje canalla que han tenido que soportar durante décadas muchos medios de información en México, chantajeados a ultranza para que -a cambio de que se les autorice publicidad- sus líneas editoriales respondan a intereses políticos del gobierno federal.

Para fortuna de la población, ya muchísimos medios de información en todo el país se han hecho lo suficientemente fuertes como para ya no depender de esta publicidad envenenada.

A punta de picar piedra en el terreno duro del profesionalismo, muchos periódicos en todos los estados de la República reciben la publicidad sin hacer mella a sus líneas editoriales. Sin embargo, esta ley pretende ir por ellos. Y obligarlos a arrodillarse ante la Secretaría de Gobernación.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se ha citado este martes 3 de abril para, en su sesión plenaria, discutir y votar la iniciativa de Ley General de Comunicación Social que le acaba de turnar, hace 20 días, el Ejecutivo Federal.

Llegarán los diputados integrantes de esta comisión a una cita manchada por la trampa y el engaño. Quien la preside, la diputada federal del PRI, la tamaulipeca Mercedes Guillén Vicente –que para mayores datos es hermana del Subcomandante Marcos, y a quien el régimen priísta le dio a su carrera mucho vuelo cuando el guerrillero irrumpió en la vida nacional el 1 de enero de 1994- ha hecho de estos días puros sinsabores para la oposición.

Mañosa hasta las cachas, la diputada Mercedes Guillén evitó a toda costa que la Comisión de marras se reuniera para discutir sobre el tema.

Los opositores al PRI, PVEM y Panal, se mostraban desconfiados: sospechaban desde un principio –como sucedió a final de cuentas- que el PRI no incluiría en su predictamen propuesta alguna de las 17 iniciativas que se fueron agregando en las comisiones, a propósito de la regulación de la publicidad oficial en México.

Ayer, lunes 2, Mercedes Guillén prácticamente se escondía de sus compañeros, a quienes no les dio la cara. Sólo, a través de su oficina, informaba a quienes conforman el Pleno de la Comisión de Gobernación que hoy sesionarán para discutir, votar y dictaminar la Ley General de Comunicación Social.

Voces de la comisión de marras susurraban anoche desde el pasillerío de San Lázaro que este martes, tan pronto sea aprobada en la Comisión por la mayoría del PRI, PVEM y Panal, entonces será turnada de inmediato al Pleno de los 500 diputados, para que una vez se le dispense la primera lectura, sea puesto dicho dictamen a consideración de la asamblea y sea discutido y votado a matacaballo.

De lo que se trata es que la ley comience a ejercerse en paralelo al inicio de las campañas electorales, en cuya medición de los alcances de los candidatos, el del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, está para ponerse a llorar. Tan no levanta, que en vez de pasarse al segundo sitio, amenaza seriamente con pasarse del tercero al cuarto lugar.

Ciertamente este dictamen tiene todavía tiempos legislativos para su aprobación, hasta el 30 de abril. Pero el periodo de emergencia que vive el PRI está golpeándolo severamente. Y, al parecer, lo adelantará.

Porque, además, esta Ley General de Comunicación Social que ha presentado el Ejecutivo Federal, fue motivada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando emitió un amparo sobre el uso de recursos públicos en la materia de publicidad oficial, mandatando que a más tardar el 30 de abril debería el Congreso haber aprobado una ley que reglamentara la publicidad.

La organización no gubernamental Artículo 19 solicitó a la Corte un amparo sobre el uso de la publicidad en México, luego de que la presidencia de Enrique Peña Nieto ha ejercido 36 mil 250 millones de pesos para propaganda y publicidad en su sexenio. La Corte, en su fallo, pidió al Congreso normar la publicidad oficial modificando el 134 constitucional. Y en esto están. Pero…

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