El perfil de la Ley General de Comunicación Social
Por: Vicente Bello
PRI y PVEM dieron ayer otra vuelta a las ruedas de su aplanadora legislativa, cuyas balineras insisten en engrasar con el engaño y el cinismo. En la Comisión de Gobernación, que el priísmo tiene bajo su égida, se ha aprobado a matacaballo la Ley General de Comunicación Social y la han colocado en el umbral de su aprobación total, cuando el Pleno de los 500 diputados presumiblemente la discutan y voten este jueves 5 de abril.
“Será de observancia general en todo el país y garantizará un gasto ejercido con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez”, consideró Mercedes Guillén Vicente, la diputada federal del PRI que preside dicha comisión.
La aprobación del dictamen respondió a un guión que habían previsto desde la víspera los diputados opositores al PRI y al PVEM. La citada ley regulará el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.
Pero han acordado una ruta corta, un atajo, para que cuando llegue al Pleno, se vote con rapidez. Guillén Vicente dijo que ha solicitado a la Junta de Coordinación Política (el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados controlada por los coordinadores parlamentarios) que se abra una mesa de análisis a la que asistan y participen únicamente los coordinadores parlamentarios “para que discutan el contenido de las posibles reservas o adiciones al proyecto, y posteriormente discutirlo en el Pleno, previa programación de la Mesa Directiva”.
La presidenta de la Comisión de Gobernación precisó después, en un comunicado, que, además, “enviará a la Mesa Directiva una copia certificada de la versión estenográfica de la reunión de trabajo, para que la remita al juzgado correspondiente, en cumplimiento de la sentencia recaída al expediente número 1359/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que obliga al Congreso de la Unión a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de Propaganda Gubernamental”.
Mercedes Sebastián insistió: “También, conforme al artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, y al acuerdo quinto, fracción primera numeral 2 del Acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos que establece el procedimiento para discutir las iniciativas con proyecto de decreto relativas a la expedición de la ley que reglamente ese precepto constitucional”.
Luego, en el comunicado, la diputada federal priísta dijo también que “el texto normativo, que consta de cinco Títulos, 45 artículos y ocho transitorios, es de observancia general en el territorio nacional, para garantizar que el gasto en la materia se haga con criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que expide la Cámara de Diputados anualmente”.
En su justificación en el boletín especial, la legisladora dijo que a partir de esta ley “se prevé que la Secretaría de Gobernación (Segob) informe bimestralmente a la Cámara de Diputados sobre el gasto y cumplimiento de los objetivos en materia de Comunicación Social, desglosado por dependencias y entidades”.
Sebastián Vicente continuó en su explicación en el comunicado: “Se limita el contenido de la Comunicación Social para que tenga carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, además de que deberá respetar la libertad de expresión, la diversidad social y cultural de la nación, fomentando el acceso ciudadano a la información y contribuyendo a la igualdad entre hombres y mujeres”.
La diputada federal priísta dijo que “de igual manera, se prohíben mensajes que impliquen un ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros; provoquen algún delito y perturben el orden público. También se establecen límites a la publicidad en tiempos electorales, para evitar cualquier influencia sobre las preferencias del público, por lo que sólo se permitirán, en esos periodos, mensajes de protección civil en casos de emergencias, de servicios educativos, de salud y similares”.
Añadió que “en materia de Comunicación Social, se prevé priorizar el uso de los tiempos oficiales del Estado y sólo destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales cuando se hubieran solicitado primero los del Estado, y no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados”.
Dijo que “para la contratación de espacios comerciales, se establece que los medios de comunicación interesados se inscriban, previamente, en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Segob, el cual será de acceso público, destacando que el solo empadronamiento no implica la obligación de contratación por parte de los entes públicos. Todo ello, con la finalidad de evitar un uso arbitrario de los recursos en materia de Comunicación Social”.
He aquí una reacción opositora, prolegómeno acaso de un debate que se espera candente este jueves: El diputado panista Juan Pablo Piña Kurczyn dijo que el dictamen “es una simulación para cumplir con el mandato de la Corte, y es un documento que delega todas las facultades sobre la regulación de publicidad oficial a la Segob”.
Replicó a Sebastián Vicente que, en materia sancionatoria, “es una norma que podría no aplicarse y no pasaría absolutamente nada, y tampoco precisa un tope de gasto para las secretarías del gobierno federal y estatales en la contratación de publicidad”.
Y advirtió el panista: “Aprobar el dictamen como está puede generar censura a medios de comunicación, pues dejarle a la Segob el control del padrón de los medios, es darle la decisión para otorgar, o no, dinero público para el pago de publicidad”.
En puerta, un debate en que todos estarán en contra del PRI y PVEM.
