Duarte permanecerá en Reclusorio Norte hasta 2018
Un juez federal de Control determinó vincular a proceso al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones por recursos de procedencia ilícita, en dos modalidades.
El Juez Gerardo Moreno García consideró que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba “aptos y bastantes” para presumir la posible participación de Duarte en los ilícitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR).
El juzgador también resolvió que la PGR cuenta con un plazo adicional de seis meses para continuar con la investigación complementaria, el cual se vence el próximo 22 de enero de 2018, pese a la oposición del abogado defensor, Marco Antonio del Toro, quien alegó que las indagatorias contra Javier Duarte llevaban más de nueve meses.
Además, el juez de Control negó el traslado del ex gobernador de Veracruz hacia el penal federal de Morelos y determinó que permanezca en prisión preventiva hasta el término de su proceso penal en las instalaciones del Reclusorio Norte.
El abogado del Toro Carazo anunció que apelará la resolución judicial ante un tribunal de alzada, por lo que pidió copia del audio y video de la audiencia que duró casi doce horas.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el titular de SEIDO, Israel Lira Salas, presentó un documento con el cual se acredita que Javier Duarte presuntamente lavó alrededor de mil 170 millones de pesos provenientes del gobierno veracruzano mediante un esquema en el que se utilizaron empresas fantasma creadas en México y en el extranjero.
El desvío de recursos públicos incluyó presupuestos de las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación a nivel local; así como la compra y adquisición de inmuebles mediante una red de prestanombres en la que están involucradas nueve personas además del propio ex gobernador priista.
En total, la PGR tiene contabilizadas 308 transferencias de dinero que se hicieron mediante la simulación de contratos públicos con empresas fantasmas carentes de empleados y de compra o venta de productos, por lo que tampoco pagaban impuestos y no tienen domicilios ni accionistas reales.
(Aristegui)
