Burócratas piden evitar saqueo
Antonio Martínez Ayala, lleva más de 31 años de servicio.
En el marco de las festividades del día del burócrata, un grupo de trabajadores del gobierno del estado de Chiapas, solicitaron al gobernador Manuel Velasco Coello, la reglamentación de la caja de ahorros para evitar el saqueo de recursos en agravio del personal sindicalizado.
Antonio Martínez Ayala, con más de 31 años de servicio indicó: “vemos con tristeza el día de la burocracia y lamentamos que se estén perdiendo los derechos y en este momento pedimos, exigimos al señor gobernador que establezca un órgano de custodia para la caja de ahorros, porque tiene 35 años que existe y no hay un reglamento y una ley que marquen los parámetros para que se respete el dinero que desde esa época se está perdiendo”.
Martínez Ayala, lamentó que desde esa fecha no conocen los manejos de los fondos ni la rendición de cuentas por parte de todos los líderes que han pasado al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas. “Los trabajadores viven una incertidumbre total, la cual todavía no se puede disipar ni solventar en un tiempo transcurrido de doce meses”.
Frente a los vicios de corrupción y falta de cuentas claras para con el personal sindicalizado por parte de los líderes, consideró puntual que se establezca una custodia para el manejo de dichos recursos: “una custodia que respalde que al llegar un líder al sindicato, antes de recibir la dirigencia, antes de que se liberen esos fondos exista un reglamento de la caja de ahorro, de no existir ese reglamento pedimos al señor gobernador que no libere ningún recurso, porque ninguno de los líderes pasados se han hecho responsables de todas las pérdidas, porque no hay orden administrativo y no hay responsabilidad para ellos”.
De la misma manera señaló que los trabajadores que ya cumplieron sus 20 años de servicio son merecedores de un finiquito, pero que si no se gestiona el mismo año se pierden los derechos para cobrar dicha cantidad, por lo que urgió a las autoridades laborales -quienes son las que llevan el caso- a solucionarlo a la mayor brevedad posible para evitar que los trabajadores de base sean perjudicados, finalizó.
